SOLVENCIA II: BRECHA NORMATIVA ECUATORIANA VS ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Desde hoy la Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF) y la Iniciativa de Seguros y Financiamiento de Riesgos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Ecuador, con la asistencia técnica de la firma internacional Management Solutions, realizan mesas técnicas para dar a conocer los resultados preliminares del diagnóstico del grado de madurez del sector asegurador en los ámbitos privado y público e identificar las brechas entre el marco normativo ecuatoriano y los estándares internacionales.

Las autoridades de la JPRF dieron la bienvenida y mostraron su compromiso con el desarrollo del sector asegurador; “Es importante dar a conocer el diagnóstico inicial a las entidades del sector asegurador para al final del proceso tener una norma participativa y aplicable”, dijo Iván Velástegui, miembro de la Junta que lidera este proceso cuyo objetivo es tener una norma que fortalezca el sector y proteja al usuario financiero.

De su lado, Patricio Salas, presidente de la Federación de Seguros del Ecuador (FEDESEG), indicó que los eventos de esta naturaleza fortalecen el sector y la confianza de los usuarios. “La solvencia son disposiciones que aportan para que los usuarios reciban los servicios contratados aún en situaciones extremas del mercado; y, siendo la confianza clave para nuestra actividad, estoy convencido que el correcto desarrollo de este proyecto va a cumplir el objetivo final que es que más personas, familias y empresas contraten seguros como un mecanismo para mitigar su riesgo, porque un país más protegido es un país más estable”.

Finalmente, Jorge Luis Morillo, Coordinador de Iniciativas de Seguros y Financiamiento de Riesgos del PNUD Ecuador, reiteró su compromiso para acompañar este proceso: “Es necesario apoyar al Gobierno y al sector privado asegurador en el desarrollo de soluciones que contribuyan a un Ecuador más resiliente”.

La adopción de Solvencia II en Ecuador representa un cambio fundamental en la operación de las aseguradoras, porque promueve una gestión más eficiente de riesgos y capital, y garantiza su capacidad financiera para cumplir con sus asegurados, promoviendo su bienestar financiero y crecimiento económico.

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